5 de enero de 2025
Respeto
Vivimos en una sociedad o más bien, en lo que queda de ella, la occidental, donde un grupo o sector ideológico, el de la izquierda woke, parece tener barra libre para hacer y deshacer a su antojo, mientras que el otro sector, que es el formado por todos aquellos que no seguimos a pies juntillas sus dogmas, a quienes nos denominan jocosamente pero con toda la mala intención del mundo "fachosfera", no tenemos derecho ni a podernos defender.
Ya unas horas antes de las famosas campanadas, El periódico de Aragón, etiquetaba en un artículo, tanto la gordofobia como el machismo, como dos caras de la misma misoginia a cuenta de la presencia en la campanadas de la Pedroche y la tristemente famosa Lalachus.
Son precisamente periódicos como El periódico de Aragón los encargados de crear artificialmente estas polémicas que a priori no existirían, pero logrando el objetivo de establecer siempre dos bandos enfrentando al personal ad perpetuam. Por supuesto, bandos donde uno es el bueno, el suyo, y el otro es el malo. A esto se refiere precisamente Fernando Paz cuando mantiene que toda la política de la izquierda woke es una política de división.
Como el bando woke tiene miedo no solamente a perder la calle, sino la hegemonía de su discurso, utiliza todas las herramientas a su disposición que no son pocas por desgracia. En lo que respecta a las últimas campanadas en la 1, solo necesita que el payaso o payasa correspondiente, en este caso, Lalachus, prenda la mecha a costa de una mofa a los de siempre, los católicos, a sabiendas de que se va montar gorda (no interpreten más que la mera expresión) para que todo el engranaje se ponga de inmediato en marcha.
A partir de ahí, ellos encuentran la justificación que necesitan. El ministro de Justicia, Félix Bolaños, sale a la palestra para garantizar que se procederá este año a una reforma del Código Penal con el fin de suprimir el delito contra los sentimientos religiosos que es una vieja demanda de esa izquierducha rancia, obsoleta y anticlerical que tanto echa de menos aquella Segunda República donde procedieron a la quema y destrucción de Iglesias y Conventos ante la pasividad de un gobierno, que cada vez tiene más similitudes con el actual. Las consecuencias de aquello, las conocemos de sobras.
Se preguntarán también si esa reforma para abolir el delito de ofensas a los sentimientos religiosos incluirá también la abolición de cualquier ofensa a otras religiones, como es la islámica. Nada más lejos de la realidad: todo aquel que ose hacer una mera crítica a dicha religión aunque se limite a la trascripción literal de algunos versículos coránicos que, por decirlo suavemente, choquen con cualquier derecho de las mujeres a la igualdad o libertad, serán perseguidos con saña, porque no se tratará de algo vinculado a la libertad de expresión sino como una manifestación de islamofobia.
Por ello y ante la que se nos viene encima, es esencial comprender que el principal problema en España no es simplemente desalojar al déspota que se aloja en la Moncloa, sino mandar al carajo todas aquellas leyes y políticas impuestas por un globalismo antinacional y antireligioso. Desgraciadamente, es algo que en absoluto preocupa a un líder de la oposición, Feijoo, que no tiene, como su antecesor Rajoy, ningún interés en desalojar de la sociedad, el sistema educativo o los medios públicos ese discurso único al que de una manera lamentable, rinden una pleitesía vergonzosa.
No tenemos más que recordar aquella famosa Ley 52/2007, de 26 de diciembre, denominada Ley de Memoria Histórica que daba carpetazo a cualquier espíritu de concordia y nos trasladaba de nuevo, de la mano de Zapatero, al guerracivilismo más rastrero. Tuvo el PP de Mariano Rajoy, con su mayoría absoluta, oportunidad de devolver dicha ley a las catacumbas, pero no lo hizo, dándola por buena y permitiendo al PSOE que, una vez de regreso al poder, encontrase las cosas tal y como las había dejado e impulsando la posterior Ley de Memoria Democrática en 2022. Las consecuencias las seguimos sufriendo hoy en día.
Por si fuese poco, las desgracias nunca vienen solas. El gobierno ya ha activado una primera entrega de 35 millones de euros de dinero público camuflado como Plan de Ayudas a la Digitalización de los Medios de Comunicación, para preservar, según dicen, la competitividad y para poder ofrecer información "veraz". La realidad de dicha entrega es de sobras conocida: es el precio que tiene que pagar el gobierno, pero con dinero de nuestros bolsillos, para que la prensa mantenga la boca cerrada.
Lo peor, con todo, no es esto. Según publicaba en agosto del pasado año La Gaceta, el gobierno del PP de Isabel Díaz Ayuso, ha subvencionado en cinco ocasiones desde 2019, a la productora del grupo PRISA, Lacoproductora. Es decir, engordando e inyectando dinero al grupo que más se caracteriza por el blanqueamiento de las políticas del gobierno de Sánchez y por la persecución de la propia Ayuso, a quien buscan destronar al precio que sea de la comunidad madrileña. Y mientras, como quien no quiere la cosa, la cadena COPE de la Conferencia Episcopal que dirige Monseñor Argüello, poniéndo micrófono a Ana Pastor, una de las principales inquisidoras de esta izquierda woke.
En fin...poco nos pasa.
José Luis Morales